Caso exarquero de Guaraní: “La Policía debía llevar presa a la mujer, ya que ella violó la orden de restricción”, explicó una abogada

Meses atrás, la denuncia que involucró a Ríos se hizo de oficio porque se divulgaron videos sobre el hecho violento hacia su pareja, que además fue en la vía pública y terceras personas lo denunciaron.

Al respecto, Florencia Collinet, abogada experta en temas de familia, explicó que “las restricciones son medidas urgentes otorgadas por el juez a una persona, que hace una denuncia por violencia de género y quiere evitar el acercamiento de su agresor”. No obstante, manifestó que estas ordenes suelen incumplirse de manera habitual en la provincia.

La letrada detalló que esta medida es recíproca y que ninguna de las partes puede acercarse a la otra, mientras dure la orden: “La Policía no está bien instruida cuando realiza estos procedimientos. Antes lo hacía un oficial de la Justicia, quien se encargaba de notificar a las personas, pero ahora lo hace la policía”, añadió.

En cuanto al caso del exarquero, consideró que los efectivos policiales deberían haber llevado presa a la mujer, ya que fue ella quien no respetó la orden y se acercó a Ríos: “Según los procedimientos, los uniformados deberían haber constatado el domicilio, el cual era de él, por lo tanto, correspondía llevar presa a ella”, afirmó Collinet.

Por lo que se refiere a las órdenes, las mismas se encuentran en el Juzgado de Violencia Familiar, pero también pueden ponerse a disposición de juez Penal de turno: “Se le colocó una tobillera a Ríos, ya que además de ser brutal la golpiza, fue de conocimiento público. Igualmente, no es mi caso y por eso pienso que lo habrán hecho de oficio”, manifestó Collinet.

En Misiones es frecuente que no exista una constatación del domicilio de los involucrados en violencia familiar, manifestó la abogada. Por este motivo, si una pareja empieza a convivir en el domicilio de uno de los dos, puede ocurrir alguna situación de violencia o disgusto que desencadena en una denuncia y desalojo: “Esto implica una restricción, quedando así en una propiedad ajena y el dueño tiene que retirarse. Sin embargo, si hay hijos de por medio es otra cuestión, pero hay casos que no lo tienen”, contó.

 

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Las restricciones de acercamiento pueden durar entre tres a seis meses, e incluso un año, según cada caso de violencia. Collinet sostuvo que los juzgados de Violencia Familiar no toman en cuenta la gravedad del problema y deberían ver las exclusiones personalmente. “No se hace una investigación y quedan con lo presentado: como denuncias falsas, temas que no se tienen en cuentan como los menores, entre otros”, mencionó.

Por este motivo, los juzgados no dan abasto, pero deberían verificar porque se está hablando de vidas, familias, niños, hombres y mujeres que están en real peligro. Además, muchas veces la Comisaría no eleva la denuncia por la falta de información y conocimiento.

Según Collinet, no hay posibilidad de rectificar la denuncia, ya que una vez que se toma conocimiento, empieza a trabajar un aparato judicial donde la elevan las acusaciones con las restricciones. “Se pueden acercarse al juzgado y decir que quieren convivir, pero deben esperar a que el juez tome una decisión, la cual casi siempre es negativa”, afirmó.

En este contexto, las partes involucradas deben esperar el vencimiento del plazo establecido. Collinet opinó que se debería investigar si pasó o no el hecho. En muchas situaciones, sucede que vuelven a convivir y sufren más violencia: “Cuando la víctima se acerca a realizar otra la denuncia, los policías no quieren tomarla por la ambigüedad en el caso. Sin embargo, en la comisaría deben tomar cualquier denuncia y elevarla, porque en todo caso, los policías podrían ser acusados de negligencia”, finalizó Collinet.

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